Cito textualmente: "A partir del próximo 1 de octubre los conductores interceptados bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán ir a la cárcel de tres a seis meses (...) Así lo establece la reforma del Código Penal aprobada en noviembre del año pasado y que entra en vigor el próximo viernes, debido a lo cual la Dirección General de Tráfico (DGT) incluirá información sobre la misma en sus cuñas radiofónicas, con el objetivo de que los conductores conozcan las novedades normativas"

Para variar, y cómo no podía ser de otra forma, en España se educa vía represión y supresión de derechos. Partiendo de la base de que el ciudadano cómun es un ente sin voluntad, sin responsabilidad y sin criterio alguno para distinguir el bien del mal, el estado tiende a decidir por todos y cada uno de sus plebeyos. Es una especie de patriarcado retrógrado que ofrece una cierta libertad a sus retoños, pero en el momento en que estos se portan mal o no siguen sus dictaminados, entonces llega la hora de la represión y el castigo ejemplar.



En toda esta ecuación, como siempre, se excluye impunemente el factor educativo y de valores, ya que resulta demasiado costoso realizar políticas de educación y prevención y, según ellos, los resultados son harto inferiores cuando con una buena prohibición y una sanción desmedida, se puede subsanar todo lo que va mal.

Por segunda vez, no voy a entrar en las motivaciones del personal para optar por el consumo de sustancias alienantes (tema que pide a gritos un hueco en estas páginas) porque con esta ley tan maravillosa creada por un gobierno (supuestamente) de izquierdas no hace falta ni ser alcohólico o drogadicto para incurrir en delito: basta con salir a cenar y querer disfrutar de una buena cerveza o de un buen vino. Pues señores, a partir de ahora, las cenas tendrán que ser regadas con una Fontvella de crianza o con un Vichy añejo, porque hasta la ingesta de un par de copas puede acabar con sus huesos entre rejas. Lo que más me extraña es que los propietarios de restaurantes, bares y discotecas no hayan echado el grito al cielo y hayan salido a la calle a manifestarse por sus derechos (que en este aspecto también son los nuestros). Lo mismo han sido sutilmente callados por bodegueros y taxistas, que deben estar frotándose las manos haciendo cálculos de lo que van a ganar a partir de ahora.



Las soluciones posibles se tildan nefastas también. Podríamos optar por hacer las cenas y las fiestas en las moradas de familiares y amigos, pero seguro que algún vecino acabaría llamando al servicio de seguridad patrio y para el caso las consecuencias serían las mismas. Otra opción pausible si tenemos intención de beber es hacer uso de esos elementos del paisaje urbano, tan eufemísticamente llamados "servicios públicos", y rezarle un padrenuestro a Santa Rita, patrona de los milagros, para que el sitio a donde nos queremos desplazar disponga de parada de metro, autobús, o tren y que disponga de servicio a esas horas (la posibilidad se reduce a 0).

Total que tenemos muchos números de acabar de compañeros de celda de un Charles Manson ibérico o de un robaperas cualquiera (porque seguro que acabar en celdas modelo Mario Conde no acabaremos). Que si lo piensan detenidamente no está tan mal: alojamiento y comida pagados, poco o ningún trabajo, y mucho ocio por delante. Aunque claro, luego dirán que no hay espacio en las cárceles y que hay demasiados presos. Porque España es asín.